Es la ley de promoción de la autonomía personal que garantiza el derecho a todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por si mismas a ser atendidas por las Administraciones Públicas, garantizándoles el acceso a los servicios sociales públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades. La Ley se desarrolla a través de tres fases bien diferenciadas.
- La solicitud del reconocimiento de dependencia
- La valoración del grado de dependencia
- la elaboración del plan individual de atención (PIA)