La Ley General de Discapacidad (LGD) o la antigua LISMI establece que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores están obligadas a tener, al menos, un 2% de su plantilla cubierto por personas con discapacidad. La Ley General de la Discapacidad complementa a la antigua LISMI y es la garante de conseguir que para las personas con discapacidad se apliquen todos los derechos. Derechos que también pertenecen a las personas con discapacidad intelectual, como el derecho a una vida independiente, a la protección de datos, de acceso a la salud y de no discriminación entre otros. En caso de que las empresas no puedan cumplir la ley pueden solicitar la excepcionalidad para acceder a unas medidas alternativas.
