La Accesibilidad Cognitiva en entornos y edificios es una parte de la accesibilidad universal que nos ayuda a orientarnos para encontrar el lugar al que nos dirigimos. Las personas con discapacidad intelectual a veces se encuentran con dificultades cognitivas a la hora de llegar al sitio deseado. Por ello la accesibilidad cognitiva pretende encontrar soluciones para todas las personas con discapacidad intelectual y sin discapacidad en todos los espacios. Espacio Fácil es la respuesta de AFANIAS a la accesibilidad cognitiva.

Un Centro Ocupacional es un servicio de apoyo para personas adultas con discapacidad intelectual, además es una de las opciones que tienen los jóvenes con discapacidad intelectual  para continuar con su formación una vez terminada su etapa escolar. Acoge todo tipo de  actividades para personas con discapacidad intelectual, como de  formación, de ocio, de cultura o de autogestión entre otras. El objetivo de un Centro Ocupacional es empoderar y dar voz a las personas con discapacidad intelectual.

Es la ley de promoción de la autonomía personal que garantiza el derecho a todas las personas mayores o con discapacidad que no puedan valerse por si mismas a ser atendidas por las Administraciones Públicas, garantizándoles el acceso a los servicios sociales públicos y a las prestaciones económicas más adecuadas a sus necesidades. La Ley se desarrolla a través de tres fases bien diferenciadas.

1. La solicitud del reconocimiento de dependencia
2. La valoración del grado de dependencia
3. la elaboración del plan individual de atención (PIA)

La Ley General de Discapacidad (LGD) o la antigua LISMI establece que aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores están obligadas a tener, al menos, un  2% de su plantilla cubierto por personas con discapacidad. La Ley General de la Discapacidad complementa a la antigua LISMI y es la garante de conseguir que para las personas con discapacidad se apliquen todos los derechos. Derechos que también pertenecen a las personas con discapacidad intelectual, como el derecho a una vida independiente, a la protección de datos, de acceso a la salud y de no discriminación entre otros. En caso de que las empresas no puedan cumplir la ley pueden solicitar la excepcionalidad para acceder a unas medidas alternativas.